Los bachilleratos populares a 10 años del 2001
La educación popular tiene un largo recorrido en nuestro país, pero la experiencia de los bachilleratos populares comenzó a gestarse al calor de los ecos de la rebelión popular del 2001. En un momento de profunda crisis, producto de políticas neoliberales que también tuvieron su correlato en la educación; con “recetas” bajadas directamente desde el Banco mundial que llevó al extremo la pauperización de la educación publica y la exclusión de los sectores populares de ella. En ese marco, los bachilleratos populares intentaron dar respuestas conformándose como proyectos políticos/pedagógicos autogestionados y ligados a otras expresiones propias del proceso iniciado en el 2001, como las fábricas recuperadas y los trabajos territoriales impulsados por organizaciones sociales. Esto les dio un carácter novedoso, como fenómeno propio de Argentina y vinculado directamente a dicho proceso. Estas nuevas experiencias de educación popular se enmarcaban dentro de un contexto continental, donde, desde diversos movimientos sociales, surgían proyectos alternativos de educación llevados a cabo por experiencias como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el neozapatismo en Chiapas, el MST de Brasil, las escuelas populares en Venezuela, etc. Los primeros bachilleratos populares surgen en el año 2004, impulsados por la CEIP (Colectivo de Educadores e Investigadores Populares) y por Organizaciones territoriales de base. Hoy en día son más de cuarenta bachilleratos pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y políticas, que se encuentran distribuidas en la ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y en menor medida en otras zonas del país.
Luchas y reivindicaciones frente al contexto político actual
Desde aquellos orígenes, los bachilleratos populares se han ido gestando al ritmo de importantes luchas reivindicativas: por obtener el reconocimiento por parte del Estado, por salarios para los educadores y becas para estudiantes. En este momento nos encontramos frente a un punto de inflexión: se esta logrando que los gobiernos de provincia y de la ciudad de Buenos Aires, firmen convenios que regularizan el funcionamiento de los espacios y se comprometen al pago de salarios y becas para estudiantes. Esto fue posible gracias al trabajo conjunto de una veintena de bachis organizados en la “Coordinadora de Bachilleratos en lucha”. La próxima firma de estos convenios verdaderamente representa una victoria en este camino de lucha, disputa y exigencia al Estado, pero no cierra este recorrido, ni mucho menos. Es solo un primer paso. Aun se encuentran pendientes el reconocimiento de la implementación de la pareja pedagógica, así como de los cambios curriculares que han adoptado los distintos bachilleratos populares según sus propias necesidades. Situación que lejos de corrernos de la disputa con el Estado, nos pone frente a nuevos desafíos.
Esta nueva coyuntura nos enfrenta a una cuestión central: ¿Cómo defender la autonomía de nuestras experiencias político-pedagógicas en la relación de disputa con el Estado? En primer lugar nos parece importante señalar que el “peligro de ser cooptados por el Estado” se encuentra presente desde el momento mismo en que hemos decidido impulsar la construcción de proyectos políticos-pedagógicos propios de las organizaciones sociales que cuestionan un pilar central del sistema como lo es la educación. No podemos entender la relación con el Estado de una manera estática: “estamos dentro o fuera del estado”, por el contrario, entendemos que es una relación dinámica y compleja que nos interpela permanentemente.
El contexto pos2001 hizo que la experiencia autogestiva de los bachis surgiera “por fuera” del sistema educativo tradicional, pero el hecho que hoy estemos a punto de lograr estas conquistas, lejos de mostrar una debilidad frente al Estado, nos muestra todo lo que se ha conseguido en este recorrido de luchas. Pensamos que no hay que tenerle miedo a sostener que somos parte de una experiencia de “educación pública popular”. Estamos siendo reconocidos por el Estado (es decir, de alguna forma pasamos a ser parte de la educación publica formal) pero eso no implica que estamos dispuestos a ceder en defender la autonomía de nuestros proyectos.
La existencia de estas experiencias de educación pública popular muestra que las organizaciones sociales pueden hacerse cargo de gestionar sus propios proyectos político-educativos a la vez que generar debates dentro de los ámbitos de la escuela pública, dando pelea también en esos espacios. Por ello nuestra defensa de la escuela pública, es una defensa crítica, para transformarla, para buscar cambiarla desde sus cimientos, para ensayar nuevas propuestas político-pedagógicas y ese horizonte no se agota en la experiencia de los bachilleratos, sino que su recorrido se relaciona con el de las luchas que militantes y docentes dan dentro del llamado “sistema educativo formal”.
Frente a este contexto, entendemos que es necesario comenzar a discutir sobre la coyuntura particular que ha abierto el proyecto político kirchnerista, en este caso a nivel educativo. Nos encontramos con un gobierno que ha comenzado a redoblar la apuesta en este terreno y como en todos los sectores que interviene, lo hace de manera ambigua y con un doble discurso. Mientras mantiene muchas de la estructuras de la educación neoliberal y mercantilista del menemismo, hace una declaración progresista que nos interpela respecto de que tipo de proyectos queremos proponer. Por ejemplo, el impacto que tiene la asignación universal por hijo para que los jóvenes regresen a las escuelas. El proyecto “plan conectar-igualdad” que ofrece computadoras a estudiantes y docentes. O las propuestas progresistas que encontramos en los manuales y libros de texto que ha comenzado a distribuir el gobierno en la escuela media. Pero también en el impacto que tienen el plan FINES y otros proyectos de terminalidad para aquellos que no han podido finalizar la escuela primaria y media. Estas últimas estrategias precisamente, recogen los enunciados y muchos de los dispositivos que se utilizan en la educación popular. En síntesis ya no estamos en la coyuntura de los noventas, tampoco en la etapa de ascenso de las luchas, abierto en la rebelión del 2001. Nos encontramos frente a una ofensiva del gobierno que desde su propia interpretación de lo popular y la inclusión, busca cooptar, domesticar o asimilar todo el recorrido de luchas que ha tenido el campo popular. Esta situación entendemos que nos pone ante el desafío de avanzar más allá de las luchas reivindicativas de nuestro sector y pensar sobre los límites y posibilidades que puede tener a futuro estas experiencias de educación popular.
Desafíos, interrogantes y perspectivas
Los desafíos que presenta esta coyuntura nos abre un sin fin de interrogantes que no tenemos resueltos pero nos parece fundamental comenzar a discutir. Nuestros proyectos de educación popular se encuentran atravesados por discusiones y por definiciones como “escuela pública popular”, “escuela popular”, “autonomía frente al Estado”, “alternativizar la educación pública”, etc. Tal vez tengamos que buscar una definición con otro eje: ¿Cuál es el aporte que realiza la experiencia de los bachilleratos populares a la construcción de poder popular? Esta pregunta, aun sin respuesta, nos puede ayudar para repensar los interrogantes que nos abre la discusión en torno al alcance de los bachilleratos populares.
Nos parece que la visión de autonomía frente al Estado así como la que propone ser una alternativa dentro de educación publica, no necesariamente son irreconciliables, por el contrario creemos que deberíamos construirnos como una alternativa (político/pedagógica) que amplifique sus perspectivas, defendiendo la autonomía y a la vez disputándole poder al Estado en todas las trincheras que posee la escuela pública. Pensamos que la construcción de una educación pública popular significa también articulación con las escuelas de los mismos barrios en donde trabajamos. Implica pensar nuevos trabajos entre docentes, militantes y activistas (incluido el área sindical) en nuestras escuelas para comenzar a construir dentro de ellas una nueva propuesta político-pedagógica que cuestione este modelo de “inclusión-contención” que tira todas las responsabilidades (principalmente de los fracasos) sobre las espaldas de los docentes.
A diez años de la rebelión popular del 2001, el hecho de que estemos frente a estos interrogantes y desafíos, más que una debilidad, nos habla de un punto de inflexión; la necesidad de avanzar en estrategias políticas y pedagógicas en pos de la construcción de una educación pública popular, verdaderamente inclusiva y proyectada desde las bases. Que confronte en todas las grietas y trincheras del sistema, afrontando sus (y nuestras) contradicciones para aportar a la construcción del poder popular.
Martin Cifuentes-Daniel Romero
